Son las instituciones, ¡de nuevo!

FUENTE: Tribuna de Periodistas (TDP).

Generada con IA.

    La historia argentina se asemeja por momentos a un bucle infinito. Populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo de izquierda… Y así sucesivamente.

    El país se desgrana desde hace décadas. La clase media se achica cada vez más. La educación se vacía y debe luchar contra múltiples demandas sociales que la sobrepasan. La cultura del trabajo es sustituida progresivamente por la desesperanza, la marginalidad y el relativismo. El narcotráfico gana poder y alimenta una subcultura de la muerte que le es afín. El imaginario del ascenso social se desvanece y el país se torna irreconocible respecto de lo que alguna vez fue o estuvo a punto de ser.

    Mientras todo eso pasa, y la imagen que nos enseñaron de la Argentina se diluye en el terreno, la dirigencia política se pelea por el poder absoluto. Eso es el populismo: un dispositivo para conseguir el poder absoluto en el marco de una democracia formal que se vuelve cada vez menos democrática. Se busca controlar el Estado y excluir a la competencia para imponer una verdad, en lugar de mejorar el Estado para que el debate se libere y tienda a acercarse espontáneamente a la verdad, sea cual sea ella.

    Cada gobierno que asume cita las instituciones. Es fácil citarlas cuando recién se llega al poder. Pero las instituciones son olvidadas raudamente a medida que la lucha por el poder avanza, cuando comienzan a molestar. Ellas son lo opuesto del populismo: reglas que limitan el poder. Esa limitación distribuye las decisiones, presiona a los políticos hacia el bien común, torna la economía más estable y previsible y amplía la esfera de libertad y, por ende, la capacidad de ahorro, inversión y progreso de los ciudadanos.

    Las instituciones son un fenómeno eminentemente político. Desde luego, existen instituciones culturales, económicas y sociales, además de políticas. Sin embargo, todas poseen una raíz política. Pues, se debe limitar al gobernante en su capacidad para modificar o violar las reglas —es decir, en su poder político— para que luego tenga sentido que esas reglas limiten su accionar económico o cultural. Esto es algo que demostraron los premios Nobel de 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson: la calidad de las instituciones políticas condiciona la calidad de las instituciones económicas. Sin calidad democrática, todas las instituciones se marchitan o se tornan disfuncionales, incluidas las económicas.

    El tipo de límite que ejercen las buenas instituciones políticas es el freno a la arbitrariedad, no a la acción. Limitar no es debilitar. Por eso, diversos genios de las instituciones, como Douglass North, Francis Fukuyama o los previamente citados, enfatizaron que las instituciones deben ser a la vez limitadas y fuertes. Esto es, no arbitrarias, o sea previsibles, equitativas, sujetas a reglas, respetuosas, pero también sumamente eficaces, potentes, robustas, indoblegables. Y la única forma de limitar la arbitrariedad sin debilitar es otorgarle poder al pueblo y a organismos de control que lo representen. Por eso, en definitiva, la calidad institucional política es igual a calidad democrática.

    La buena noticia es que la calidad democrática no es de izquierda ni de derecha. Es un objetivo detrás del cual deberíamos poder unirnos. A su vez, la calidad democrática tiene un costo ínfimo para las enormes ganancias que reporta. Permite que el Estado use de manera más representativa y eficiente los recursos, que haga más con menos. Así, se inicia un círculo virtuoso de disminución sustentable del gasto, baja de impuestos, aumento del ahorro, el consumo y la inversión, suba de la recaudación fiscal, y de nuevo baja de impuestos. Por eso, si miramos el mundo, a mayor calidad democrática, mayor desarrollo. Todos los países de alto ingreso per cápita son democracias de alta calidad. Hay países exitosos con gobiernos de izquierda y de derecha, pero no los hay sin calidad democrática. China, por ejemplo, no es un país de alta renta per cápita, a pesar de su fuerte crecimiento en las últimas décadas.

    La historia nos demostró una y otra vez que, dicho coloquialmente, “son” las instituciones. Allí está el meollo del asunto. ¿Por qué, entonces, nuestros políticos no apuestan por la calidad democrática y la establecen como política de Estado? ¿Por qué no consagran la máxima transparencia, blindan la división de poderes y la independencia judicial, fortalecen la rendición de cuentas, acercan el poder al ciudadano, simplifican la burocracia, habilitan mecanismos de democracia directa ágiles y accesibles, agradecen y alientan la crítica, entre otros?

    Bueno, aquí es donde viene la mala noticia. La calidad democrática no va a surgir por si sola. No va a emerger de la mera iniciativa de los políticos. La competencia política y el instinto del político tienden a la concentración del poder, mientras que la calidad democrática implica distribuir el poder; distribuirlo no de cualquier manera, sino de forma inteligente, estable, sostenible, pero distribuirlo al fin. Por eso, la calidad democrática solo emerge en la medida en que la ciudadanía presione a favor de ella y obligue a los políticos a ponerse a trabajar a su favor. Es decir, se necesita una ciudadanía con fuerte cultura democrática y compromiso cívico; una ciudadanía que esté dispuesta a pensar en el bien común, sacrificarse por su país y trabajar por las futuras generaciones.

    No se trata de inmolarse. Nadie pide eso. Pero, si queremos mejorar nuestras instituciones, no hay otra alternativa más que estar dispuestos a asignar una parte de nuestro tiempo y dinero —por ínfima que sea esa parte, la que cada uno pueda— a la participación política desinteresada en cualquiera de sus variantes. Es necesario: Que construyamos partidos políticos razonablemente democráticos y transparentes, que no sean propiedad de nadie y permitan el debate libre de ideas. Que seamos exigentes con nuestro voto y castiguemos sin dudarlo a los gobernantes autoritarios o corruptos cuando empiezan a serlo, no cuando ya es tarde. Que si somos de izquierda estemos dispuestos a no tolerar el extremismo de izquierda, y que si somos de derecha estemos dispuestos a no tolerar el extremismo de derecha, porque es muy fácil condenar el extremismo de izquierda siendo de derecha o el extremismo de derecha siendo de izquierda. Que hagamos el esfuerzo, no solo de respetar las normas y las instituciones, sino también de denunciar y condenar socialmente su incumplimiento. Que la justicia y la equidad estén siempre por encima del amiguismo y el oportunismo.

    Bueno, dije que era una mala noticia. Nosotros, el pueblo, tenemos mucho trabajo por hacer si queremos obligar a nuestros políticos a que trabajen a favor de nuestras instituciones. No existen los atajos ni las soluciones mágicas o instantáneas en estos temas. Pero no es imposible. Si otros países lo hicieron, incluso partiendo desde realidades peores que la nuestra, nosotros también podemos.

    Mientras no lo hagamos, seguiremos funcionando y discutiendo con una sábana cada vez más corta, que alcanza para cada vez menos, sacándonos los ojos y crecientemente prensados en un espíritu sectario suicida; uno que nos obliga a alternar entre distintos populismos, entre aislamiento internacional y subordinación desesperada, entre inflación rampante y atraso cambiario, entre pobreza y desempleo, porque nuestras instituciones no funcionan y no generan confianza.

    La macroeconomía relativamente ordenada y la baja de la inflación de Milei son una mejoría innegable respecto del modelo kirchnerista, y deberían llegar para quedarse, pero eso solo no alcanza. La intolerancia, la violencia verbal, los ataques contra periodistas, la corrupción que vuelve a asomarse, el verticalismo militarista, la delegación legislativa, la promoción de jueces corruptos y la confrontación con la Corte Suprema son todos pasos y señales en el sentido equivocado.

    ¿Por qué, por una vez, no probamos con priorizar las instituciones, con la calidad democrática, con lo que funcionó en todas partes y acá nunca se intentó, o se intentó, pero no se sostuvo? Eso sí, hay que sostenerlo. Debe ser una política de Estado, no la imposición de un solo sector. O, por lo menos, un consenso social amplio que no dependa de la bonanza económica coyuntural. Ahí sí que el ajuste va a ser más representativo y humano, pero ajuste habrá indefectiblemente. Porque, para crecer, primero hay que invertir, y para invertir hay que sacar plata del consumo. De un modo u otro, ajuste habrá. El tema es que sea un ajuste soportable y equitativo, que no recaiga sobre los más débiles y que le demuestre al pueblo que el esfuerzo realmente va a donde tiene que ir. Que no seamos siempre los giles de la película mientras el capitalismo prebendario nos descuartiza.

    Quizás llegó el momento de sustituir el fanatismo por el sentido común; la intolerancia por el respeto; el amiguismo por la justicia. Quizás es hora de darnos cuenta de que nuestro fracaso no es un fracaso de la democracia, sino del contenido que a esa democracia formal nosotros le pusimos. Porque, una y otra vez, nuestra propia historia y la del mundo nos demuestran que el camino es el de las instituciones.

    Como dijimos, los atajos no existen, y el extremismo es un atajo. Las instituciones son lo opuesto: un camino largo, pero seguro. La cuestión es cuándo nos decidimos a comenzar a transitarlo y a seguir haciéndolo sin importar cuántas tentaciones, miedos y obstáculos nos pongan en el camino. Porque lo van a hacer. Mejorar las instituciones distribuye el poder y atenta contra privilegios e intereses muy poderosos. No es gratis. Pero la alternativa es quedarnos al pie de ese camino, empantanándonos y hundiéndonos cada vez más en el fango, como estamos ahora. ¿Y si probamos algo distinto en serio? ¿Quién se anima?