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| Fuente: Infobae. |
Rosario se ha convertido en el campo de batalla principal de la guerra entre los argentinos de bien y los narcos. Su extensa capacidad portuaria, así como el hecho de ser de relativo fácil acceso para la droga que viene del Norte, han convertido a esta ciudad en un punto estratégico principal para el mercado de drogas ilegales. Durante muchos años, los capos narcos siguieron organizando delitos y manejando sus bandas desde las cárceles. Hay que ponerlo con todas las letras: el kirchnerismo no hizo nada para cambiar esta realidad, tanto en el gobierno nacional como provincial, convirtiéndose en cómplice y alimentando al monstruo. Ahora, con las nuevas gestiones de Milei en la presidencia, Bullrich en seguridad nacional y Pullaro como gobernador de Santa Fe, las cosas han cambiado rotundamente.
Se han sancionado leyes para clasificar a los presos, separando a los de alta peligrosidad y perfil. Así, estos han pasado a estar aislados, sin acceso a comodidades, comunicaciones ni familiares (que, en general, son parte de las mismas bandas). Esto es lo que se hace en cualquier país serio, ya que no les permite seguir dirigiendo sus organizaciones.
La reacción de las bandas narco ha sido tenebrosa. Se han unido para defender lo que ellos llaman sus “derechos” (es decir, seguir viendo a sus familiares para, a través de ellos, continuar dirigiendo sus organizaciones). Mientras tanto, han decidido salir a la calle a matar de forma aleatoria ciudadanos inocentes, como forma de presionar al gobierno para que ceda ante sus reclamos. Curiosa y ridícula concepción de los derechos humanos la de personas que son capaces de salir a matar inocentes al boleo para negociar beneficios. Un colectivero, dos taxistas y, recientemente, un joven playero de una estación de servicio, han pagado el precio máximo por esta práctica indescriptiblemente inhumana.
