FUENTE: Infobae.
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Dicho Consejo es el órgano encargado de seleccionar y remover jueces (excepto los de la Corte Suprema, que se rigen por otro procedimiento). Si se exige un consenso amplio para designar y destituir jueces, estos tenderán a ser más idóneos y confiables para todos, así como a temer menos ser castigados por afectar los intereses del gobierno. De esta manera se logra, básicamente, la independencia del Poder Judicial: con un amplio consenso para elegir y desplazar jueces.
El kirchnerismo lo sabe. Por eso, en 2006, ni bien ganaron su primera elección y obtuvieron poder propio en el Congreso, reformaron el Consejo de la Magistratura. Aumentaron el peso del gobierno en dicho órgano y se aseguraron poder de veto sobre cualquier designación o remoción. Es decir, pasaron a tener mayor poder de negociación para lograr que se designaran jueces amigos, al tiempo que se pusieron en situación de poder garantizarles impunidad para fallar arbitrariamente, según los intereses oficialistas. Por si algo de eso no funcionaba, la reforma les daba un plan B: obstruir el funcionamiento del órgano, impedir que se designen jueces titulares y, de esa manera, forzar que el Poder Judicial se llene de jueces suplentes o subrogantes, que tienen menos garantías y son más influenciables.