Cuando la solución para el Poder Judicial es exactamente la
opuesta de la que propone el gobierno
FUENTE: Tribuna de Periodistas (TDP).
Fuente: TDP. |
Una vez más, ha trascendido que Alberto Fernández tiene en
la mira a la Corte Suprema. Estaría preparando una “comisión de notables” que
analizaría opciones para reformarla. Me pregunto entonces, ¿qué problema tiene
Alberto con la Corte? ¿No tiene nada más útil y urgente para pensar y hacer, en
medio de una pandemia con destrucción económica sin precedentes? ¿En qué
planeta viven quienes nos gobiernan? Parece que no se conforman con no bajarse
los sueldos, sino que además destinan tiempo y recursos escasos a una
politiquería cortoplacista.
Esta preocupación por la Corte no viene, claramente, de una
presión social. La población tiene la mente en cuestiones mucho más urgentes,
como conservar su empleo o asegurarse la alimentación del día de mañana. Además,
según los especialistas, la Corte Suprema es uno de los pocos órganos de la
Justicia ampliamente reconocido como independiente y competente.
Lo anterior se debe a que, para designar o remover a un
integrante de la Corte, la Constitución sabiamente exige la aprobación de dos
tercios del Senado. Es decir, para ser nombrado hay que pasar por importantes
filtros y obtener un consenso amplio, que trascienda las fronteras ideológicas
y políticas. Asimismo, una vez en su puesto, los jueces de la Corte tienen la
tranquilidad de saber que ningún gobierno podrá destituirlos de manera
discrecional. Mientras hagan su trabajo razonablemente bien, seguramente
permanecerán en su cargo. Esto les permite ser independientes de los gobiernos
y preocuparse únicamente por su prestigio como jueces y (suponiendo que la
tienen) su vocación de servicio.
Es cierto que la sociedad tiene una imagen negativa del
Poder Judicial en su conjunto, y que ella repercute en la imagen pública de la
Corte. Sin embargo, es lógico que así sea, cuando la gran mayoría de los jueces
dejan mucho que desear: se acomodan según cómo soplen los vientos políticos,
patean los juicios durante años y priorizan el dogma del garantismo penal sobre
el sentido común de justicia, lo que favorece la impunidad y las puertas
giratorias. La sociedad, que no tiene tiempo ni formación para prestar atención
a detalles técnicos, no discrimina entre Corte Suprema, cámaras y jueces,
expresando un malestar con el Poder Judicial en general.
“Lo que prevalece
es lo que piensa la opinión pública sobre el desempeño del Poder Judicial en
general y no tanto sobre la Corte, cuyas decisiones son sofisticadas y técnicas”,
ha afirmado el ex camarista León Arslanian. “La mala imagen de la Justicia
afecta al común de la gente, que no separa ni distingue entre la generalidad de
los tribunales, los juicios a los funcionarios que aparecen en los medios y la
Corte Suprema”, ha expresado, en sintonía, Ricardo Gil Lavedra
(lanacion.com.ar).
El Consejo de la Magistratura, que designa y destituye a los
jueces, es un órgano altamente politizado y paralizado, que no cumple su
función: deja en su lugar a los malos jueces (como en su momento Oyarbide) y
molesta a los que investigan al poder. La reforma que trama el kirchnerismo
parece estar destinada a extender a la Corte la dinámica del Consejo de la
Magistratura, cuando deberíamos hacer exactamente lo opuesto.
La Corte Suprema fue, de hecho, el principal obstáculo que
tuvo el cristinismo, cuando era gobierno, para avanzar sobre los medios de
comunicación y lograr la impunidad social. Por eso, todo hace pensar que la
preocupación por la Corte Suprema surge del kirchnerismo duro, no de la
sociedad. Están buscando venganza, como así también preparar el terreno para
que, en un eventual nuevo intento, logren instaurar el autoritarismo que no
pudieron materializar en su primer gobierno. Un autoritarismo de extrema
izquierda que es capaz de arrasar con cuanta institución exista, como lo hemos
visto en Venezuela.
¿Alberto está de acuerdo con esto? ¿O para “tranquilizar a
las fieras” decide crear una comisión que estudie el tema y no llegue a nada? Lo
primero sería terrible, pero lo segundo también sería preocupante. Pues,
querría decir que se le está haciendo el juego al cristinismo al instalar en el
debate público que la Corte Suprema es un problema, cuando no lo es.
Al contrario, deberíamos aplicar la receta de la Corte
Suprema, que nos ha funcionado llamativamente bien para estándares argentinos,
al Consejo de la Magistratura. Que el Senado deba aprobar con mayoría de dos
tercios a los miembros del Consejo de la Magistratura. Tendríamos entonces un
órgano seleccionador y removedor de jueces que gozaría de prestigio e
independencia. Veríamos concursos transparentes y un correcto orden de mérito.
Los argentinos empezaríamos a estar en condiciones de amigarnos con nuestro
Poder Judicial, órgano central de la democracia, la república y el Estado de
Derecho, vital para contar con instituciones eficientes y con un desarrollo
económico y social sostenido.
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