El garantismo de élite de Milei y la impunidad para la casta

FUENTE: Tribuna de Periodistas (TDP)

Hecho con IA.

    ¿Y si las sospechas de corrupción que se acumulan en el gobierno de Milei y su excesivamente prolongado respaldo a Manuel Adorni tuvieran una explicación ideológica, además de política y económica? 

    Uno de los pilares del liberalismo ha sido, desde siempre, la estricta separación entre lo público y lo privado. Esta separación generó acostumbramiento y la dimos por obvia. Sin embargo, a los liberales pioneros les costó mucho trabajo intelectual y social, a veces vidas, hacerle entender a la humanidad la abstracción de separar ambas esferas. 

A simple vista, no hay tal cosa como lo público y lo privado. Y existen situaciones grises o dudosas que hablan de una línea delgada y a veces difusa, que genera discusiones entre los expertos. Sin embargo, los argumentos para una separación estricta son contundentes. 

    Para empezar, en la esfera de lo público —lo que nos afecta y nos incumbe a todos por igual—, rige en última instancia la democracia. Esta consiste en un sistema de distribución o compartición del poder que supone la regla de la mayoría en un contexto de libertad de expresión y respeto por los derechos de las minorías. En cambio, en el ámbito privado —lo que afecta e incumbe a un individuo o grupo particular— impera la libertad individual o descentralización plena de las decisiones. Cada individuo decide sobre su propia esfera personal y es libre de generar acuerdos con otros.

    Esto nos marca que la manera de defender la libertad en una y otra esfera es diferente. Si no se hace esa distinción, la libertad perece. Si se aplica la democracia en la esfera privada, se afectan derechos y libertades individuales por medio de una “tiranía de la mayoría”. Si se aplica la libertad individual en la esfera pública, se genera apropiación privada de lo público, corrupción, privilegios y, con ellos, desigualdad de derechos y oportunidades.

    Separar lo público de lo privado fue un prerrequisito fundamental para el desarrollo de nociones centrales para una sociedad libre. Por ejemplo, la idea de responsabilidad de los funcionarios públicos, la propia noción de corrupción, la de libertad de conciencia o culto, de asociación, de contratación, de circulación, etc. Todos estos conceptos pudieron definirse, difundirse y arraigarse gracias a dicha estricta separación (un “muro”, en palabras de Thomas Jefferson en relación con la religión).

    El problema es que en la extrema izquierda y la extrema derecha se distorsiona o niega la separación entre la esfera de lo público y la de lo privado. La extrema izquierda niega la esfera privada. Todo es público. Por su parte, la extrema derecha libertaria o anarcocapitalista niega lo público. No existe esfera pública porque el Estado carece de razón de ser y todo debería resolverse por medio de prácticas privadas. El Estado no es más que un intruso en un universo exclusivamente privado.

    Al negar o distorsionar la separación entre lo público y lo privado, los extremismos de izquierda y derecha atentan contra la libertad. Pues, esta supone un delicado equilibrio entre ambas esferas.

    Las distorsiones que esto causa son numerosas. Por ejemplo, se puede caer en la justificación del crimen por deslegitimación del Estado de Derecho, ya que este pierde sentido si todo es público o todo es privado. La extrema izquierda, como en el caso del kirchnerismo, justificó el crimen violento a través del garantismo zaffaroniano alegando que el delito era provocado por el orden social, y no por una decisión acaecida en la privacidad de la mente del delincuente. Por su parte, la extrema derecha libertaria recientemente ha salido a justificar y defender de forma insostenible a Manuel Adorni en su inexplicable enriquecimiento desde el Estado con aparente evasión fiscal.

    Donde la extrema izquierda defiende y justifica el delito callejero, la extrema derecha libertaria pareciera defender y justificar el delito económico, de “cuello blanco”. Si alguien se las ingenió para multiplicar su riqueza sin ejercer violencia física contra otro, pues el Estado, que es una organización criminal, no tiene cada que opinar ni hacer.

    Recientemente, la diputada libertaria Lilia Lemoine defendió públicamente a Adorni alegando, entre otras cosas, que evadir impuestos no es robar, que el dinero no es del Estado porque lo generan los particulares y que, aunque la ley exista, eso no significa que lo que ella establezca esté bien. O sea, en otras palabras, robarle al Estado estaría justificado porque el Estado está mal, más allá de lo que diga la ley. De más está decir que el Estado es una abstracción y que, en realidad, robarle al Estado es robarles a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos.

    Hay una muy delgada línea entre justificar la evasión y justificar cualquier delito económico o de “cuello blanco”. Y esto puede dar lugar a un fuerte debilitamiento del Estado en su función de perseguir delitos muy graves y nocivos. Los delitos económicos incluyen evasión, lavado de activos, afectación de la libre competencia, insolvencia fraudulenta, contrabando, prácticas que se vinculan o dan sustento al narcotráfico y el crimen organizado en general.

    Deslegitimar al Estado en su acción punitiva es el paso previo para debilitar el Estado de Derecho. Lo vimos en el caso del garantismo en relación con la criminalidad callejera. Y pareciera que lo que la extrema izquierda hizo con el delito violento el libertarianismo anarquista pretende hacerlo con el delito económico. Sería una suerte de garantismo de élite opuesto al garantismo popular.

    Desde luego, ambos garantismos, tanto el popular como el de élite, son igualmente perjudiciales para el orden social, la libertad y la democracia. El garantismo popular significó un aumento drástico de la impunidad de hechos violentos. Esto parece más peligroso a simple vista. Pero el garantismo de élite bien puede dar resguardo e impunidad a quienes se apropian del fruto del esfuerzo de los ciudadanos, concentran los mercados, empobrecen el país y dirigen organizaciones criminales a gran escala que engendran violencia sistemática.

    En este contexto, cabe preguntarse si iniciativas como la ley de inocencia fiscal apuntan realmente a un acto de justicia o si, con la misma excusa que el garantismo popular —el principio de inocencia—, lo que se busca es ponerle trabas y obstáculos al poder punitivo del Estado para favorecer la impunidad.

    El hecho de que Adorni se haya adherido al régimen de inocencia fiscal al ser acorralado por las investigaciones periodísticas y estar en la mira de la justicia, no es una buena señal para el futuro. ¿Hasta dónde llegará este garantismo de élite embrionario, que asoma la cabeza desde el convulsionado gobierno libertario de Javier Milei? ¿El partido que nació al calor de la denuncia de la casta vino para dotarla de una impunidad legitimada ideológicamente? ¿No se aplica a la élite económica la necesidad de aumentar el costo y riesgo de los delitos que Milei argumentó muy bien para los crímenes violentos?