Por qué era ilegítimo el gobierno de Evo Morales
La izquierda
latinoamericana ha instalado un uso del concepto de “golpe de Estado” que le es
extremadamente favorable. Pero no se trata del uso correcto. Simplemente le
sirve para legitimar su autoritarismo y para deslegitimar los movimientos de
resistencia y rebelión civil contra las dictaduras.
Lo primero que
hay que señalar es que la izquierda latinoamericana está hegemonizada por
sectores autoritarios o radicales. Desde luego, existe una izquierda
democrática y moderna, pero la agenda de discusión, el uso de los conceptos y
los alineamientos internacionales son sistemáticamente impuestos, hasta ahora, por
el ala extremista. Esto se debe, probablemente, a que la producción científica
y académica de la izquierda autoritaria es infinitamente mayor que la de la
izquierda democrática. Los sistemas educativos y los medios de comunicación
tienden a verse muy influidos por los postulados de la primera.
En los sectores
de derecha (liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, etc.), los grupos
democráticos son mucho más numerosos que los autoritarios. Los nacionalismos
autoritarios y las dictaduras militares están, afortunadamente, muy
desacreditados, y carecen de legitimidad social. Es lo que debería ocurrir con
todo autoritarismo. También con el de izquierda.
Sin caer en el
reduccionismo de pintar a un sector como intrínsecamente bueno y a otro como
intrínsecamente malo, hay que decir que las fuerzas de izquierda tienden más al
autoritarismo que las de derecha en la Latinoamérica de hoy. Esto se refleja en
varios hechos:
Las únicas
dictaduras del continente son de izquierda (como Cuba, Venezuela o Nicaragua).
Asimismo, las manifestaciones de la izquierda (como las de Chile) son bastante
más violentas y, para colmo, tienen espíritu golpista (exigen a viva voz la
renuncia de presidentes perfectamente legítimos y constitucionales).
Otro reflejo
de la preeminencia del autoritarismo en la izquierda latinoamericana es su uso
del concepto de “golpe de Estado”. Es un uso parcializado (es golpe sólo si el
presidente saliente es de izquierda) y formalista (analiza la legalidad formal
sin atender a los principios jurídicos en juego, a los hechos y al contexto).
En el Congreso
argentino la izquierda colocó en estos días dos carteles contradictorios: “No
al golpe en Bolivia” y “fuera Piñera”. El formalismo se observa cuando se
condena un supuesto golpe contra Evo, pero se omite decir nada sobre su
evidente fraude electoral. Sobre este último punto, es muy ilustrativa la
actitud de la oposición izquierdista de Argentina, que se negó de forma
intransigente ante la propuesta del oficialismo de incluir en un comunicado del
Congreso, sobre la situación de Bolivia, la condena al fraude de Evo.
La tesis
formalista del golpe de Estado es la que le permitió a Hitler establecer una
dictadura en Alemania. Respetó el derecho positivo o legalidad formal, pero
contrariando principios jurídicos básicos y sustanciales, que son el fundamento
de la legalidad formal, como la división de poderes, la democracia y el Estado
de Derecho.
No es raro que
la izquierda autoritaria de Latinoamérica se sirva de este tipo de
conceptualización. Esto le permite decir que Evo no incurrió en fraude porque
todavía no hay ninguna condena firme de tribunal boliviano afirmándolo (aunque
sí hay expresiones de la OEA). También le permite decir que hubo golpe contra
Evo porque no hubo juicio político de destitución, o que su reelección era
legítima porque un tribunal (controlado por él mismo y contra la letra de la
propia constitución y el veredicto del referéndum popular) se lo permitió.
La realidad
social y los principios jurídicos básicos también son parte del Derecho. No
contrarían las reglas formales, sino que son su fundamento y su criterio de
interpretación. Evo violó la Constitución cuando se presentó a un nuevo mandato
(el cuarto) desconociendo el resultado del referéndum que le había dado en
contra. Eso fue un golpe de Estado, porque, de hecho, así define este concepto
la Real Academia Española: “Destitución repentina y sustitución por la fuerza u
otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político” o bien
“desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento
establecido”. Y aclara: “Puede ser autor de un golpe de Estado el propio
presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los
supuestos previstos en la Constitución”.
Es decir,
cuando Evo se presenta a un cuarto período, y esto es avalado por un tribunal
bajo su control político en contra de la letra de la Constitución, se está
violando la ley y accediendo al poder ilegítimamente, lo cual es un golpe. Asimismo,
cuando se practica un fraude electoral alevoso para evitar la segunda vuelta
(que le era desfavorable a Evo), se está manteniendo en el poder ilegítimamente
y desmantelando la institución más básica de la democracia, que es el acto
electoral. Otro golpe.
En esta
situación, el pueblo salió masivamente a la calle, y de manera bastante
pacífica dada la gravedad de la ilegalidad concretada (mucho más pacífica que
en Chile, donde se protestaba por una suba legal del precio del subte o por no
estar de acuerdo con las políticas de Piñera). Ante la contundencia de las
protestas y lo esencial de su reclamo, los policías se negaron a reprimir a los
ciudadanos. Posteriormente, las fuerzas armadas dieron a entender, a través de
un comunicado, que también se negarían a una represión inconstitucional
ordenada por un gobierno también inconstitucional. Policías y militares
hicieron lo correcto: obedecieron a la Constitución antes que al gobernante,
consagrando el principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera
quien ejerce el gobierno.
Lo que ocurrió
en Bolivia es la definición más pura que puede haber de la resistencia civil no
violenta: una movilización ciudadana tan masiva y contundente, con un reclamo
tan obvio y elemental, que las autoridades de la fuerza pública se negaron a
reprimirla y le quitaron su apoyo al dictador en el poder. Evo no era un
dictador, sino un doble dictador. No era un golpista, sino un doble golpista.
La salida de Evo, por su propia renuncia (no por un acto de fuerza), fue
consecuencia de las masivas y persistentes movilizaciones populares, de una
resistencia civil no violenta (si bien hubo grupos aislados violentos de ambos
bandos) y de la pérdida de legitimidad de un gobierno doblemente
inconstitucional. Si de aquí en más hubiera irregularidades del nuevo gobierno,
habrá que condenarlas, pero por ahora no las hay y sí las hubo, muchas y muy
graves, de parte de Evo Morales. La salida de Evo fue un triunfo del pueblo, de
la Constitución y de la democracia.
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