Cupo femenino, ¿medio o fin?

FUENTE: Fundación Libertad.

Replicado en: MDZ Online.

Fuente: Fundación Libertad.

            La semana pasada 20 diputadas del oficialismo y de la oposición se reunieron para promover que haya "paridad de género" en las listas de candidatos. Esto implicaría aumentar la actual ley de cupo femenino del 30% al 50%.

            A raíz de ello, se ha desatado una acalorada discusión en todos los niveles del Estado y de la sociedad. Por ende, no está de más reflexionar sobre cuál es el fundamento de la llamada “discriminación positiva” y sobre cuál es la situación política de las mujeres en nuestro país.

            Lo primero que hay que decir es que la discriminación positiva se originó en Estados Unidos como una medida para forzar la integración de la población de color en los Estados del Sur, en los que históricamente había sido fuertemente excluida y discriminada. Se trata de una medida excepcional y transitoria, que busca lograr una integración forzada a espacios de poder o de visibilidad pública, para romper con los prejuicios y tornar normal algo que era comúnmente visto como anormal.

            Dicho lo anterior, puede discutirse cuánto tiempo y en qué medida se debe sostener una acción de discriminación positiva, pero queda claro que no constituye un fin en sí mismo ni una medida de carácter eterno, sino un medio para transformar la percepción social sobre un grupo o sector. En una sociedad democrática la regla debe ser siempre la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el mérito, y la discriminación positiva debe ser excepcional y transitoria. De lo contrario, estaríamos socavando los valores democráticos para algún otro fin ajeno a ellos.

            Cabe preguntarse, entonces, cuál es la situación política de las mujeres en Argentina. En un reciente estudio realizado por Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas, se da cuenta de que nuestro país se encuentra muy bien posicionado en lo que respecta a la participación femenina en el órgano legislativo nacional, con un alto índice del 39,2%. Ostenta una clara ventaja sobre Brasil (8,6%), Paraguay (15%), Chile (15,82%) y Uruguay (19,37%) y está muy por encima del promedio de América Latina del 25,2%. Actualmente hay 129 mujeres en nuestro Congreso y llevar esta cifra a la mitad implicaría añadir tan sólo 36 mujeres más.

            Esta alta presencia femenina en el Congreso argentino no es algo ficticio ni azaroso. Al parecer, la ley de cupo surtió efecto y eliminó prejuicios que pudieron haber existido en la población. De hecho, el porcentaje de mujeres en el Congreso argentino supera por 9,2% el exigido por la ley, y alcanza la mayoría, exactamente un 55,17% del total, dentro del grupo de legisladores menores de 40. Esto muestra que, entre las nuevas generaciones, el sexo no es un condicionante para la participación política. Y las mujeres se destacan también fuera del Congreso, donde no rige el cupo, como lo demuestra la gran cantidad de líderes sociales, culturales y políticas mujeres.

            El éxito de la ley de cupo femenino argentina se explica, en gran medida, por dos factores. Primero, Argentina fue el primer país del mundo en adoptar este tipo de legislación en 1991. Segundo, el sistema de listas cerradas permitió obligar a que las mujeres ocupasen lugares en las listas con reales posibilidades de resultar electas.

            Dicho lo anterior, ¿se puede hablar actualmente en la Argentina de un impedimento cultural contrario a la participación política de las mujeres? ¿Se puede decir que la población ve la acción política de las mujeres como algo anormal? Si no es así, ¿cuál sería el fundamento por el cual elevar el cupo del 30% al 50%? ¿No iría ello innecesariamente en contra de la libertad de elección, la representatividad, la igualdad de oportunidades y el mérito, valores centrales del sistema democrático?

            Una persona no necesariamente representa mejor a otra por compartir con ella determinadas cualidades físicas. La representación política es, ante todo, una cuestión de ideas, no de biología, más allá de que el testimonio de una experiencia de vida puede constituir una información valiosa. Una mujer puede perfectamente coincidir más con el pensamiento de un hombre que con el de otra mujer, y votar inteligente y conscientemente a aquél, y viceversa.

            Pero no es acertado llevar esta discusión a una cuestión mujeres vs. hombres. Si se piensa de verdad que siguen existiendo trabas culturales y prejuicios contrarios a la aceptación de la participación política de la mujer como algo normal, y se considera que es necesario elevar el cupo, entonces bienvenido sea si ello tranquiliza a muchas mujeres que puedan sentirse discriminadas. Pero en ese caso, si es ese el fundamento, la medida deberá adoptarse por un plazo limitado.

            Estoy seguro de que la vasta mayoría de los hombres estamos dispuestos a aceptar una mayor discriminación positiva a favor de la mujer si ello ayuda a una mejor convivencia e integración. El problema viene cuando el cupo femenino pasa a ser prácticamente un fin en sí mismo o, peor aún, un instrumento, no para derribar prejuicios, sino para estimular una falsa dicotomía sexista irresoluble alimentada por una ideología extrema.

            Es lo que hace el feminismo radical, que como todo extremismo destruye y separa en vez de construir y unir, y que en los últimos tiempos ha marcado agenda e influido notoriamente en el debate feminista. El feminismo radical desconfía de la libertad interior y de la capacidad de autodeterminación de la mujer. Descree del sistema democrático republicano, viéndolo como mera fachada de una dominación oculta, no ya de una clase social sobre otra, sino del hombre sobre la mujer.

            Lo que se necesita para mejorar la condición de la mujer y asegurarle los mismos derechos y oportunidades que cualquier hombre son, ante todo, instituciones más eficientes y representativas. Esto implica desconcentrar el poder y profundizar la división de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de modificar códigos penales para lograr sanciones ejemplares, disuasorias y efectivas contra toda violencia contra la mujer. Nada de esto está en la agenda del feminismo radical.

            Esto nos demuestra cómo los enfoques simplistas o extremos distan de ser constructivos y, por el contrario, alejan la discusión de los temas de fondo. No van a vivir mejor las mujeres en Argentina porque se fuerce legalmente que en el Congreso haya 165 de ellas en vez de las 129 actuales.

            Para proteger eficazmente los derechos de las mujeres debemos derrotar este nuevo extremismo incipiente que se está gestando desde la ideología de género y el feminismo radical; confiar en la mujer y tratarla como lo ameritan su potencialmente ilimitadas inteligencia, sabiduría y fortaleza interior; apoyar a las feministas democráticas; y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, para que haya más justicia, menos impunidad, menos violencia y menos muertes evitables, tanto de hombres como de mujeres.