El mito de la condena sin pruebas contra Cristina

FUENTE: Tribuna de Periodistas (TDP).

Fuente: TDP.

    Quienes ejercieron abusivamente el poder ahora se escandalizan porque les llegó la justicia. Y se rebelan según su usanza: abusando. Se abusan cortando el tránsito, atacando a los medios de comunicación, amenazando con paro, tomando universidades, etc. No conocen de Estado de Derecho, respeto, racionalidad. Están acostumbrados a sentirse por encima de la ley.

    A la resistencia abusiva y violenta contra la legalidad democrática se suma la cultural o discursiva, no menos importante. Se pretende construir el mito de que a Cristina la condenaron sin pruebas. Abusan de la ignorancia de muchas personas, o de su necesidad de creer en algo. “La causa Vialidad está armada”, repiten a coro. ¿Cómo puede ser que este mito tenga la más mínima recepción ante evidencia tan abrumadora?

    Ninguna prueba o argumento podrá convencer al fanático, que ha estructurado su identidad y su sentido en torno a la sumisión voluntaria a una líder autocrática. Las profusas investigaciones periodísticas; los funcionarios condenados; los hechos delictivos filmados in fraganti (como La Rosadita o los bolsos de López); la condena en todas las instancias; la confirmación por unanimidad de una Corte Suprema con plenas garantías de independencia (sus miembros fueron aprobados por senados peronistas y solo pueden ser destituidos por amplia mayoría); etc. Nada de esto persuadirá a quien no tolera que la realidad lo contradiga. Empero, hay personas que se ubican en un punto intermedio. Quizás sin estar tan informadas, o sin ser fanáticas, pero haber sentido en algún momento cierta simpatía hacia Cristina, podrían dejarse seducir por este mito. Por eso es crucial refutarlo y no dejarlo impune.

    Contextualicemos un poco. El de los Kirchner se trató de un gobierno inusualmente corrupto. No existe el gobierno perfecto. Pero ninguno en la historia argentina, por lo menos de los elegidos democráticamente —y quizás de muchos otros también— ejerció un latrocinio tan descarado y exuberante. Sería muy injusto que Cristina fuera condenada únicamente por la causa Vialidad. Debería tener varias condenas más. Y esperemos que así sea. Pero vamos a atender el poco plausible argumento de que en la causa Vialidad no hay pruebas. ¿Será así? ¿Todo el poder judicial, incluidos jueces designados o aprobados por el peronismo, se pusieron de acuerdo para armarle una causa falsa? ¿Se fabricó un caso cuando podrían haber motorizado tantos otros reales?

    El discurso de que no hay pruebas contra Cristina en la causa Vialidad se sostiene sobre un argumento muy tramposo. Cristina no fue filmada, grabada ni registrada de forma alguna practicando directamente, ella misma, la corrupción. Es algo irrisorio. La jefa máxima de la organización delictiva no iba a poner las manos. Nunca lo hacen. Ejecutaba la cleptocracia por medio de testaferros o prestanombres. Uno de ellos era Lázaro Báez, quien se enriqueció inexplicablemente (igual que los Kirchner).

    A causa de la complejidad que adquieren hoy en día las tramas de corrupción, la humanidad diseñó instituciones jurídicas que permiten alcanzar a los máximos responsables, a pesar de que estos suelen no dejar sus huellas. Uno de estos mecanismos es, por ejemplo, la figura de la asociación ilícita. Otro es una cierta presunción de que los gobernantes saben lo que sus subordinados hacen. Mucho más si se trata de un testaferro, que presenta un patrón de conducta subordinado y depende enteramente de sus jefes.

    En este sentido, las pruebas son apabullantes. Tanto es así que no hubo forma de evitar la condena, a pesar de que el poder judicial actual está altamente influenciado por el peronismo. Gracias a que los miembros de la Corte Suprema son designados y removidos por muy amplia mayoría, gozaron de garantías de independencia suficientes para convalidar la investigación judicial. El gobierno de Milei quiso intervenir la corte y no lo logró. Así, no cabe alegar que sus manos estén detrás del fallo. Al contrario, Milei y Cristina se habían puesto de acuerdo para designar a Lijo en la Corte. Al oficialismo le convenía mantener a la expresidenta como un enemigo débil más que como una victimizada denunciante de proscripción. Desde luego, acaecido el fallo, se subieron a la victoria para capitalizarla.

    En cualquier caso, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —uno peronista y otro designado por el propio kirchnerismo— afirmaron por unanimidad que “el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”. E hicieron alusión a la “profusa” prueba en contra de Cristina. ¿Cuál es la profusa prueba en su contra? Veamos.

    Según la justicia, se demostró que Cristina Kirchner incurrió en “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Esto acaeció en el marco de cincuenta y un licitaciones de obra pública adjudicadas a las sociedades controladas por Lázaro Báez, también condenado en la causa.

  Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez. Hasta ese entonces, este último no poseía ninguna corporación registrada a su nombre ni experiencia en el rubro vial. Con el respaldo de los Kirchner, pasó de ser un empleado bancario a convertirse en un contratista estatal multimillonario y terrateniente. Se quedó nada menos que con el 82% de la obra pública licitada en la provincia y llegó a poseer el 10% de las tierras de Santa Cruz.

  ¿De verdad pretenden que creamos que ello fue pura coincidencia; puro talento emprendedor? Se le encontraron innumerables valores. Lo único que no se halló fue el dinero que, según se rumoreaba, había sido enterrado. Los difusores del mito se agarran de eso para afirmar que no hay pruebas. Irrisorio.

    El seudo empresario hizo sus operaciones de lavado de dinero con una financiera de Puerto Madero, La Rosadita, y armó un conglomerado de sociedades. La investigación probó los movimientos financieros y congeló fondos que pasaron por Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España y las Bahamas. En 2016, el juez Sebastián Casanello ordenó su detención. Le decomisaron 144 máquinas viales, dos aviones y $2.734.711.500 que fueron localizados para regresarlos al Estado.

    ¿Qué se le probó a Cristina? Pues, básicamente, lo que todos sabían: que Báez trabajaba para los Kirchner, aunque en ningún papel lo dijera expresamente. Así funcionan los testaferros. De eso se agarran los fanáticos y los abusivos, que se rebelan virulentamente contra la realidad en estos días.

    En concreto, los registros de chats muestran la obediencia directa hacia Cristina, quien es mencionada como “la jefa”. Se analizaron unos 26.000 mensajes y se realizaron peritajes sobre 5 de las 51 obras investigadas, con la respectiva justificación de la selección. Se demostraron irregularidades que no fueron cuestionadas por la defensa. La Corte señaló que en el proceso intervinieron, entre jueces y fiscales, más de 20 funcionarios, muchos de los cuales fueron designados durante la gestión de Fernández de Kirchner.

    Más allá de sus órdenes, mediante un decreto Cristina dotó de dinero ilimitado a Vialidad y creó un contexto de opacidad necesario para la operatoria fraudulenta. Además, facultó a su secretario de Obras Públicas, José López, para usar los fondos discrecionalmente. La cartelización, la redeterminación de precios y las modificaciones de obras (agregando trabajos a lo que decía el pliego), permitieron que el Estado nacional pagara a Báez importes que superaban los presupuestos oficiales. Estas maniobras ilegales se produjeron a través de López, tristemente célebre por haber intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

    Parte del dinero tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta. Los chats muestran también que, cuando Macri triunfó en las elecciones de 2015, Cristina Kirchner coordinó con López y Báez el plan para ocultar el delito. Se cerraron las empresas, se despidió a los trabajadores y se aseguraron de que su testaferro cobrara todo lo que tenía pendiente del Estado.

    La persecución contra jueces, fiscales y medios durante el gobierno de Cristina no fue casual. Tampoco su simpatía hacia las dictaduras de izquierda, como la cubana y la venezolana. Ni la creación de estructuras clientelares, algunas de ellas altamente violentas, como la de Milagro Sala en Jujuy.

    Mentalidad, ideología, verticalismo, prácticas políticas y corrupción se confabularon para favorecer la búsqueda de un poder absoluto. Afortunadamente, nuestras frágiles instituciones democráticas, con el apoyo del pueblo, resistieron. Solo por eso es que se impuso el imperio de la ley y el ciudadano honesto y trabajador pudo respirar una bocanada de aire fresco en medio de tanto abandono, abuso e injusticia. Afirmar que Cristina fue condenada sin pruebas es un mito absurdo, sin ningún sustento, que solo los fanáticos y los abusivos son capaces de sostener.