El fin del terror en Jujuy

La detención de Milagro Sala y el colapso del Estado paralelo

FUENTE: Tribuna de Periodistas (TDP).

Madre de Jorge Velázquez, militante
radical baleado luego de ser hostigado
por una patota de Sala. Le reclamó
a Cristina no haberle dado el pésame.

            Son numerosos los testimonios, las investigaciones periodísticas e incluso los videos que relacionan a Milagro Sala con la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Es decir, los peores males de nuestra sociedad y lo más condenable del kirchnerismo se condensa en la figura de una delincuente que pretendió hacerse pasar por dirigente social.

            Si Milagro Sala no fue detenida antes, es simplemente porque gozaba de la impunidad que le proporcionaba el FPV y, específicamente, Cristina Fernández. Ésta le giraba millones mensualmente sin ningún tipo de control para que los distribuyera con total discrecionalidad. Eso le permitía a Sala generar una dependencia total hacia ella. En su ámbito de influencia, las personas debían subordinársele por completo para poder tener un mínimo elemental de seguridad, para que las patotas de la Túpac Amaru no las golpearan, para que sus hijos pudieran ir al colegio o al hospital y para mantener la posesión de su casa. El resultado era una dictadura no oficial y un Estado paralelo que chupaba recursos nacionales y provinciales cual aspiradora, y donde crecían vertiginosamente la corrupción, la violencia y la impunidad.

            El 8 de agosto de 2015 un joven militante radical de 20 años, Jorge Ariel Velázquez, se encontraba repartiendo boletas de su partido de cara a las venideras elecciones. Aparentemente, una patota de la Túpac Amaru lo vio y empezó a amedrentarlo y hostigarlo, exigiéndole que abandonara “su” barrio. Pero el grupo radical se negó y, más tarde, Jorge recibió un balazo por la espalda con una calibre 22. Dos semanas más tarde murió. Esto tornó al suceso una noticia nacional.

            Para despegarse del hecho, la Túpac Amaru emitió un comunicado en que aseveraban que el joven fallecido estaba afiliado a su organización y que asistía a una de sus escuelas, por lo cual era imposible que hubiera sido atacado por gente de la Túpac. Seguidamente, Cristina Fernández repitió lo mismo por cadena nacional, intentando apropiarse del militante radical fallecido y desligando a Milagro Sala. Sin embargo, posteriormente referentes locales de la UCR y familiares del joven fallecido, incluyendo a la madre, aclararon públicamente que no militaba para Sala, que lo hacía para el radicalismo y que se había afiliado a la Túpac para que le permitieran ir a una escuela pública que manejaba dicha organización. “Por lo menos me hubiera dado el pésame por lo que pasó”, dijo la madre sobre Cristina Fernández.

            El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha afirmado que “uno de los dirigentes más importantes” de la agrupación Túpac Amaru y mano derecha de Sala, apodado “Beto Cardozo”, es el encargado de comandar “la compraventa de drogas” en la provincia. También la vinculó con la trata de personas. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, confirmó que se abrió una causa para investigar a Sala por posibles nexos con el narcotráfico. Asimismo, tiene la jujeña montones de denuncias por ingresar a edificios públicos con grupos de choque y agredir y golpear a trabajadores, incluyendo a guardias de seguridad. Se ha detectado, a su vez, que tiene un auto de 30.000 dólares que no puede justificar. Su esposo dijo en un reportaje radial que se lo regalaron “doce amigos”, pero consultado sobre quiénes eran esos amigos se negó a dar los nombres. Su hijo también tiene un auto llamativamente costoso y dijo que lo compró tras juntar peso por peso haciendo “changas”.

            Por su parte, Carlos “Perro” Santillán, legendario y prestigioso dirigente sindical jujeño de izquierda, acusó a Sala de instalar la “narcopolítica” en la provincia y de formar “un grupo paragubernamental” dedicado a “reprimir trabajadores”. Y hasta la responsabilizó por el crimen del joven Lucas Arias, quien fue agredido brutalmente por una patota comandada por Sala junto con otro compañero. “Con un revolver le partió en tres partes el cráneo” y “murió seis meses después”, afirmó. El crimen habría sido realizado en una oficina del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. El ministro kirchnerista Luis Cosentini se habría retirado raudamente del lugar, que tiene fuerte presencia policial, para regresar una vez terminado el hecho.

            En pocas palabras, todo parece indicar que a Sala no le quedó maldad por hacer. Y quien no quiera creerlo que simplemente se tome la molestia de investigar unos pocos minutos en Internet o de viajar a Jujuy para hablar con la gente. Casi que está fuera de discusión que la dirigente jujeña debe estar presa. Sólo la defiende el convenientemente fanático e intransigente núcleo duro del FPV, siendo sus principales voceros en este tema el corrupto de Amado Boudou, el violento antisemita de Luis D’Elía y el defensor serial de los intereses (no de los derechos) de los delincuentes, Eugenio Zaffaroni.

            Así y todo, la detención de Milagro Sala ha causado más revuelo y polémica de lo esperado debido a la forma en que fue desarrollada. Poco se ha dicho hasta ahora de lo bueno que es saber que tanta impunidad se terminó, y que miles de jujeños van a poder, simplemente, volver a respirar con tranquilidad.

            Los hechos se sucedieron de la siguiente manera: Gerardo Morales triunfó en la elección de gobernador de 2015. Esto significó un cimbronazo importante para Sala, ya que se trataba del dirigente político más duro al condenar sus abusos. Sea por acomodaticios, porque estaban amenazados, porque no tenían garantías del gobierno nacional ni del provincial o por lo que fuere, no pasó mucho tiempo para que la Justicia local empezara a movilizarse contra Sala como nunca lo había hecho.

            La dirigente jujeña sabía que se le venía la noche, que iba a perder el manejo arbitrario de millones de pesos que el Estado nacional le pasaba ilegítima y discriminatoriamente. Por eso no tardó en organizar un gran acampe frente a la gobernación, exigiendo que no le sacaran sus millones.

            Este acampe implicó el corte de calles, daños a la plaza y un perjuicio directo a los comerciantes del lugar, que no podían vender sus productos. Y todo esto para solicitar algo ilegal: que continuara la falta de transparencia, la discrecionalidad y la discriminación en el reparto de fondos, todo lo cual se disfrazaba ante la prensa como la “continuidad de los puestos de trabajo de las cooperativas de la Túpac Amaru”. No se trataba de una simple manifestación, sino de un asedio permanente a un gobierno y de una ocupación ilegal del espacio público sin un motivo válido y para exigir una ilegalidad.

            Pero el flamante gobernador tampoco estuvo lento de reflejos. Lanzó el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales. Por el mismo, se abrió un registro público en el cual debían inscribirse las cooperativas y organizaciones sociales para poder recibir ayuda y beneficios de parte del Estado. Cualquiera podía inscribirse. Pero hacerlo implicaba transparentar los fondos y bancarizar a los beneficiarios, de manera tal que se terminaba con la discriminación a favor de Sala y se eliminaba la intermediación discrecional entre los fondos y sus destinatarios. Esto desarticula los mecanismos clientelares que atrapan a la gente y hacen rentable la pobreza.

            La medida de Morales dejó en offside a Milagro, quien se negó a inscribirse. A ella claramente no le interesaba que todos los cooperativistas de la provincia pudieran acceder a los beneficios. Sólo quería sostener el Estado paralelo totalitario y clientelar que había construido con tanto empeño. Un Estado paralelo que, según la misma Sala, daba trabajo directamente a unas 66.000 personas en una provincia de un total de aproximadamente 700.000. Si sumamos a esa cifra grupos familiares, empresas controladas y otras formas de dependencia como la entrega de viviendas sin titularización y la prestación discriminatoria de servicios básicos como salud y educación, se puede decir, siendo muy conservadores, que llegó a depender de Sala por lo menos un 15% de la población. Y la maquinaria clientelar seguía creciendo cada año.

            Pero Sala no fue detenida inicialmente por violencia política, homicidio, lesiones, extorsión, malversación de fondos públicos, narcotráfico, destrucción de propiedad privada y pública, etc., sino por cortar una calle y organizar un acampe ilegal. Esto es lo que motivó que el reclamo a su favor gozara de mayor visibilidad de la que se merece.

            Human Rights Watch se hizo eco del asunto y emitió un comunicado al respecto. Esto le permitió a Eugenio Zaffaroni decir que el hecho se había convertido en un “escándalo internacional”. También agregó que “al gobernante no se lo vota para que incentive conflictos”. Llamativa frase que, al provenir de un kirchnerista, es en el mejor de los casos solamente un chiste de muy mal gusto.

            Lo que Zaffaroni nunca dijo es que Human Rights nunca solicitó la liberación de Sala, sino que se limitó a llamar la atención sobre la figura de “sedición” en el Código Penal argentino, solicitando que fuera derogada por ser susceptible de ser usada para coartar la libertad de expresión. Eso fue lo único que se solicitó. Ni más ni menos. De ahí a pedir que liberen a Sala hay un abismo que sólo puede ser recorrido por fanáticos dispuestos a justificar cualquier cosa con tal de que su ideología autoritaria vuelva a gobernar. Pero Zaffaroni fue mucho más allá que Huma Rights, y solicitó también la derogación del tipo penal de “asociación ilícita”, figura básica que se usa en todo el mundo para luchar contra organizaciones criminales complejas, y que consiste en asociarse para cometer delitos, como puede ser el narcotráfico o el terrorismo. Se trata de otro delirio intelectual de quien cree que el poder punitivo no es parte de la solución del delito, no ayuda a garantizar una sociedad estable, no repara ni tampoco neutraliza peligros inminentes. O sea, no sirve para nada. Esta creencia se entronca con el neomarxismo, ideología autoritaria camuflada para la cual el Estado de Derecho democrático es intrínsecamente opresivo y el populismo de izquierda liberador.

            Milagro fue detenida inicialmente por “instigación a cometer delitos” y “tumulto” (lo que Human Rights llamó “sedición”). Es decir, se la detuvo por lo menos grave que se la pudo haber detenido. Es una estrategia que se ha usado para enfrentar grandes mafias. El caso más conocido es el de Al Capone en Estados Unidos. Era un gran traficante y asesino pero sólo se lo pudo apresar por evadir impuestos. Es decir, se lo detiene primero por aquello que es más evidente y fácil de demostrar, y luego se intenta demostrar el resto. Esto fue lo que se hizo con Sala en Jujuy.

            Si el delito de “sedición” o “tumulto” debe derogarse, es otra discusión (el FPV pudo haberlo hecho durante diez años y no lo hizo). Pero eso no significa que Sala deba ser liberada. De hecho, fue detenida por figuras que están en el Código Penal y que son ley vigente, y no sólo por “tumulto” sino también por “instigación a cometer delitos”. En el peor de los casos, su situación procesal fue corregida y el reclamo por su liberación carece de todo sentido. A los pocos días de ser detenida, ya se le sumaban otras causas mucho más graves, como malversación de fondos públicos, asociación ilícita y extorsión. Además, tener tan graves acusaciones, más el hecho de tener montado un verdadero Estado paralelo en Jujuy, la tornan extremadamente peligrosa procesalmente hablando, lo cual amerita la prisión preventiva durante el proceso.

            En definitiva, Milagro Sala debe seguir presa y ser juzgada como corresponde por sus aberraciones. Es lo mínimo que puede pedir cualquier ser humano que tenga un mínimo sentido y anhelo de justicia. Lo verdaderamente importante es que el Estado paralelo clientelar y totalitario que Sala estaba montando en Jujuy, con el pleno apoyo político del FPV y de Cristina Fernández, está siendo desmantelado desde sus raíces. Y no para reemplazarlo por otro, sino a través de mecanismos de transparencia y de institucionalización de la ayuda estatal que pueden desarticular el abuso del clientelismo.

            Lo que hizo Sala no fue, como dicen algunos, llenar un vacío que dejó el Estado, sólo que con métodos malos. El Estado deja vacíos desde hace mucho tiempo gracias, en parte, a personas como Sala, que están dispuestas a hacer un uso ilegal, discriminatorio y extorsivo de los fondos públicos; que montan maquinarias clientelares para venderlas al mejor postor, rifando la dignidad y el futuro de la gente, y que permiten que los malos gobernantes puedan ganar sistemáticamente elecciones.

            Tampoco es cierto que la jujeña se corrompió en medio de una dura lucha contra tanta injusticia. Ya desde joven se dedicó a la delincuencia menor, por lo cual fue apresada. Su actual delincuencia mayor es el resultado natural de un estado de nula espiritualidad y sensibilidad que fue consecuencia de haber elegido el mal camino desde el principio. Ese mal camino fue el que le permitió ascender vertiginosamente dentro de la estructura de poder del FPV, y el que la llevó ahora a prisión.

            Ojalá permanezca allí por muchos años por el honor y la memoria de todos aquellos que sufrieron y sufren tanto por su culpa, y para que se reduzcan las posibilidades de que una atrocidad así vuelva a ocurrir en nuestro suelo. Fuerza Jujuy.